
Los ocupantes de los predios pertenecen a la Asociación de Desarrollo Integral de Dajabón. Se trata de terrenos reclamados por la señora Librada Báez de Socías, pero los campesinos dicen que son del Estado.
Los campesinos pidieron a la reclamante de los terrenos que mostrara el título de propiedad de la parcela y amenazaron con volver a ocuparlos, alegando que no disponen de tierra para trabajar y producir alimentos.
Los gases lanzados por las tropas policiales y militares se esparcieron en todos los lugares y arroparon el casco urbano de Dajabón, lo que provocó que las autoridades educativas suspendieran la docencia en el Colegio San Ignacio Loyola, así como en el liceo secundario Manuel Machado y otros centros educativos de la zona.
Las fuerzas públicas fueron dirigidas por los coroneles Jorge González, del EjércitoNacional, y Eduar Almánzar de la Policía.
El fiscal Juan Casilla Solís presentó fichas que inscriminan en hechos penales a al menos dos de los ocupantes de los terrenos.
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