Al inicio del siglo XXI, la importancia estratégica del medio ambiente adquiere nuevas dimensiones, en la medida que nuevas amenazas aparecen en el horizonte.En 2030 la población dominicana ascenderá a 12 millones de personas, alrededor de 24% superior a los 9.7 millones existentes en 2010. Aun en el supuesto de que nuestra disponibilidad de recursos naturales permanezca en los niveles actuales, el mero crecimiento poblacional pondrá presión sobre el uso de los mismos. Pero en adición, por un lado se debe tomar en cuenta la vigencia de prácticas de consumo y producción que deterioran el ambiente y, por otro, los impactos del cambio climático sobre nuestra isla. De todo ello se concluye que es necesario tomar muy en serio la cuestión de la sostenibilidad ambiental, como eje estratégico para asegurar la calidad de vida y el desarrollo del país en el futuro.
Los retos ambientales. Ejemplos de prácticas productivas no sostenibles o que deterioran la calidad ambiental se encuentran en la agricultura, con la contaminación de las fuentes acuíferas por agroquímicos y el desperdicio de agua en el riego por inundación; en la industria, con la descarga de aguas residuales que contaminan los ríos y las emisiones de gases contaminantes; en el turismo, con la destrucción de corales y manglares y el desperdicio de agua; en la construcción, con el uso de agregados provenientes del cauce de los ríos; en la producción de energía, con la proliferación de pequeñas plantas eléctricas que generan contaminación sonora y del aire; en el transporte, con el uso de combustibles fósiles en unidades de transporte poco eficientes, entre otros.
La necesidad de asegurar la sostenibilidad medioambiental se acentúa de forma más dramática si se toman en cuenta los efectos presentes y esperados del cambio climático sobre los pequeños estados insulares, como la República Dominicana. Desde un tiempo acá, estamos sintiendo la ocurrencia de eventos climáticos extremos, como huracanes y tormentas más intensas y fuera de temporada y sequías más prolongadas. Los distintos escenarios del impacto del cambio climático sobre la isla proyectan una fuerte presión sobre el recurso hídrico y la reducción del régimen de lluvias, así como dos efectos probables que tendrían consecuencias graves para el país.
Estos dos últimos son: el aumento de la temperatura de los océanos y el aumento del nivel del mar. El primero implicaría la destrucción de arrecifes coralinos que actúan como barreras de protección de las costas y fuente de biodiversidad marina. El segundo implicaría la inundación de zonas costeras bajas, afectando zonas de playas (recurso clave en el desarrollo del turismo) y reservas costeras de agua subterránea por efecto de intrusión salina y, en los escenarios más pesimistas, podría generar una pérdida significativa del territorio nacional.
Los objetivos de Estrategia. La Propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 que ha sido presentada a la sociedad dominicana por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Consejo Nacional de Reforma del Estado, contempla como uno de sus ejes estratégicos “Un manejo sostenible del medio ambiente y una adecuada adaptación al cambio climático”. Para ello se propone trabajar en el logro de cuatro objetivos.
El primer objetivo procura la protección y aprovechamiento de manera sostenible de los recursos naturales y la mejoría de la calidad del medio ambiente. Para esto se propone fortalecer el marco regulatorio e institucional en que opera la política medio ambiental, para que la misma se aplique conforme a los principios de desarrollo sostenible, e involucrar los gobiernos locales en la gestión ambiental y la protección de los recursos naturales. Se propugna por la restauración y preservación de los servicios prestados por los ecosistemas, la reforestación de los territorios con vocación boscosa con especies endémicas y nativas, el fortalecimiento del sistema de áreas protegidas y la protección del medio ambiente de la isla de Santo Domingo, en su conjunto, en colaboración con Haití.
Para elevar la efectividad de la gestión ambiental, se propone avanzar en la implementación de tres instrumentos. El primero es la implementación de un Plan de Ordenamiento Territorial que regule el uso del suelo, incentive el aprovechamiento sostenible de los recursos y facilite la gestión integral del riesgo. Un plan de ordenamiento territorial que efectivamente se cumpla puede jugar un rol trascendental en el mejor aprovechamiento de los suelos según su mejor vocación (agrícola, urbana, turística o servicio ambiental) y eliminar potenciales conflictos con usos no sostenibles de los mismos.
También se aboga por el pago de servicios ambientales a las comunidades que protegen los servicios prestados por los ecosistemas, particularmente las cuencas de los ríos. Si queremos que nuestros campesinos no depreden las zonas donde nacen los ríos y que se integren al cuidado de las cuencas, es necesario retribuir este servicio ambiental asegurando condiciones para una vida digna a estas poblaciones. Finalmente, se aboga por el uso de instrumentos económicos o de mercado para incentivar prácticas de producción o consumo ambientalmente sostenibles (como producción limpia y ahorro de agua y energía) o desincentivar el uso o descarga de contaminantes, apelando a la aplicación del principio de que quien contamina paga.
Se reconoce que la sostenibilidad ambiental y la mejoría de la calidad del medio ambiente requieren un continuo monitoreo y evaluación del estado del medio ambiente y los recursos naturales, así como la promoción de la educación ambiental y la participación de la ciudadanía en la valoración, protección y defensa del medio ambiente y los recursos naturales. Un segundo objetivo enfatiza el gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, para lo cual se plantea reformar la institucionalidad y marco legal de la gestión del recurso, actualmente caracterizados por un alto nivel de dispersión que impide una planificación integral y coordinada de la política hídrica.
Se postula la urgencia de pasar de un modelo de gestión basado en la expansión de la oferta del servicio de agua, a un modelo que enfatice el control de la demanda, dado que en el país el uso del recurso hídrico se caracteriza por su baja eficiencia, con niveles de pérdidas ascendentes a 65% en el sistema de agua potable y a 70% en el sistema de riego. Obviamente, esto no significa no prestar atención a la necesaria expansión del servicio de agua y saneamiento a la población que actualmente no tiene acceso al mismo. De crucial importancia en el proceso de adaptación al cambio climático resulta la expansión y mantenimiento de la infraestructura de regulación de los volúmenes de agua, mediante la priorización de inversiones en embalses con propósitos múltiples y con un enfoque de desarrollo sostenible.
El tercer objetivo propugna por desarrollar un sistema nacional de gestión integral de riesgo que, partiendo del mapeo de los riesgos, incorpore la gestión de riesgo en los procesos de planificación e inversión pública. Se enfatiza la necesidad de descentralizar la gestión de riesgo en el territorio y fortalecer su coordinación con el nivel nacional, así como capacitar a la ciudadanía en gestión de riesgo para lograr la actuación responsable de las comunidades antes, durante y después de la ocurrencia de los desastres. La gestión de riesgo pasa necesariamente por la definición y puesta en práctica de nuevos códigos de construcción de edificios e infraestructura que permitan soportar los embates de fenómenos climáticos extremos y de riesgo sísmico, así como la adopción de mecanismos de seguros, tanto por parte del sector público como del sector privado.
Finalmente, el cuarto objetivo, relativo al cambio climático, plantea actuar tanto en medidas de adaptación como de mitigación. En primer lugar, el proceso de adaptación requiere una clara comprensión de la forma en que el cambio climático afecta a la isla y sus consecuencias ambientales, económicas, sociales y políticas, para poder implementar políticas públicas adecuadas.
También se aboga por adopción de políticas que reduzcan la vulnerabilidad de los ecosistemas a los impactos del cambio climático, mediante el fomento de prácticas ambientales sostenibles en la producción de bienes y servicios, así como prácticas que contribuyan a reducir los riesgos.
2030
Es el año en que la población dominicana ascenderá a 12 millones de personas, alrededor de 24% superior a los 9.7 millones existentes en la actualidad. Aun disponiendo de recursos naturales, habrá presión sobre su uso.
Utilidad estrategia
Jared Diamond, en su libro Colapso, plantea que las diferencias en cobertura boscosa entre Haití y RD son el resultado de una actuación diferenciada de sus gobernantes y de sus líderes y organizaciones comunitarias respecto a la protección del bosque. Aquí se reconoció desde inicios del siglo XX la importancia estratégica de proteger el bosque como forma de conservar las fuentes de agua, no sólo para el consumo humano, sino también como recurso fundamental para la producción hidroeléctrica, agrícola e industrial. A pesar de las fuertes presiones y dificultades, nuestro país ha logrado conservar el 28% de su territorio con cobertura boscosa, en contraste con el 1% que prevalece en Haití. Esta visión de largo plazo se manifestó a través de diversas medidas: desde la creación y consolidación del sistema de áreas protegidas, subsidios al GLP, eliminación de aserraderos.
La autora es Directora Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
Fuente: hoy
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